Doble IVA en IMMEX: Cuestionable propuesta de pago en abonos de la SCJN

La propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para resolver la controversia sobre el denominado doble IVA en operaciones virtuales de empresas IMMEX ha generado inquietud en el sector exportador, particularmente por sus posibles consecuencias sobre la seguridad jurídica, la liquidez de las empresas y la competitividad de la industria manufacturera.

En entrevista concedida al periódico El Norte, publicada el 10 de noviembre de 2026, Gustavo Leal Cueva, socio de Leal Benavides y Cía. y CEO de Fiscalia.com, expresó diversos cuestionamientos jurídicos sobre el proyecto de resolución presentado por la Ministra Yasmín Esquivel Mossa, en el que se propone reconocer la obligación de retener el IVA por determinadas enajenaciones de mercancías realizadas por residentes en el extranjero, aun cuando dichas mercancías también se encuentren sujetas al pago del impuesto por su importación definitiva.

El nuevo planteamiento incorpora un mecanismo que permitiría aplicar los pagos mensuales realizados por los contribuyentes contra las obligaciones de retención de periodos posteriores. Aunque esta alternativa busca reducir las presiones de liquidez, Leal Cueva considera que no atiende la controversia sobre la procedencia jurídica de las contribuciones reclamadas.

La controversia sobre el doble IVA

El asunto se encuentra relacionado con la contradicción de criterios 8/2025, mediante la cual la SCJN debe determinar el tratamiento del IVA en determinadas operaciones de retorno virtual de mercancías realizadas bajo los esquemas de comercio exterior aplicables a empresas IMMEX.

Estas operaciones permiten documentar el retorno de mercancías al extranjero y su posterior importación definitiva, sin que necesariamente abandonen físicamente el territorio nacional. El mecanismo forma parte de las facilidades aduaneras utilizadas por la industria exportadora para dar continuidad a sus procesos productivos y comerciales.

La controversia surge porque el Servicio de Administración Tributaria (SAT) considera que, además del IVA causado por la importación definitiva, debe retenerse el impuesto correspondiente a la enajenación de las mercancías realizada por un residente en el extranjero.

Bajo esta interpretación, una misma secuencia comercial genera dos obligaciones tributarias diferenciadas, cuyo cumplimiento puede representar un impacto financiero considerable para las empresas involucradas.

De acuerdo con la información publicada por Grupo Reforma, el SAT busca recuperar al menos 44,000 millones de pesos por retenciones no efectuadas durante el periodo 2019-2023, a los que se suman créditos fiscales determinados a empresas específicas por operaciones de ejercicios anteriores.

Pagar en mensualidades no resuelve el problema jurídico

Uno de los principales señalamientos formulados por Leal Cueva se refiere al mecanismo de aplicación de pagos que contempla el nuevo proyecto de resolución.

La propuesta permitiría que los contribuyentes efectuaran pagos mensuales por las retenciones reclamadas y aplicaran las cantidades enteradas contra las obligaciones correspondientes a los meses siguientes, reduciendo así la necesidad de realizar desembolsos sucesivos por el importe íntegro de cada obligación.

Sobre este mecanismo, Leal Cueva señaló en la entrevista: "Fraccionar el pago o permitir su aplicación contra obligaciones posteriores no subsana el tema de fondo que genera un doble impacto tributario cuya justificación financiera no se ha logrado explicar, y únicamente distribuye sus efectos financieros en el tiempo".

Desde esta perspectiva, la posibilidad de distribuir los pagos puede representar un alivio temporal para la liquidez de las empresas, pero no constituye una respuesta a la discusión acerca de si las operaciones involucradas actualizan jurídicamente ambas obligaciones tributarias.

La procedencia de una contribución debe establecerse conforme a las disposiciones legales que regulan su causación, con independencia de las facilidades que eventualmente pudieran otorgarse para efectuar su pago.

Los límites de la función jurisdiccional

Otro de los cuestionamientos expresados durante la entrevista está relacionado con la facultad de la Suprema Corte para establecer mecanismos particulares de cumplimiento tributario.

El proyecto plantea una modalidad de aplicación de pagos entre periodos que debe examinarse a la luz de las disposiciones de la Ley del IVA y del Código Fiscal de la Federación, particularmente porque el entero de las retenciones está sujeto a reglas específicas.

Leal Cueva advirtió que: "La función jurisdiccional consiste en interpretar y aplicar las disposiciones legales, no en crear mecanismos alternativos de tributación para conciliar los intereses recaudatorios del Estado con las consecuencias económicas de una interpretación fiscal".

Este planteamiento abre una discusión sobre los alcances de las facultades jurisdiccionales para modular los efectos de sus resoluciones y los límites que impone el principio de legalidad tributaria.

La interpretación de las normas fiscales puede requerir la armonización de diversas disposiciones, pero ello no implica necesariamente que los órganos jurisdiccionales puedan establecer nuevas modalidades de cumplimiento de obligaciones tributarias sin un fundamento legislativo que las sustente.

La contradicción en el tratamiento del retorno virtual

La entrevista también abordó uno de los aspectos centrales de la controversia: la interpretación de la ficción jurídica que permite considerar retornadas al extranjero mercancías que físicamente permanecen en territorio nacional.

El proyecto reconoce los efectos del retorno virtual en materia aduanera, pero considera que, para determinar la territorialidad de la enajenación conforme al Artículo 10 de la Ley del IVA, debe atenderse a la ubicación física de las mercancías.

En opinión de Leal Cueva, esta interpretación requiere una justificación jurídica que explique por qué se reconocen determinados efectos de la ficción legal para cumplir las obligaciones aduaneras y se desconocen al examinar las consecuencias de la operación en materia del IVA.

El especialista señaló que el proyecto tendría que justificar por qué las consecuencias de una misma operación pueden construirse sobre premisas jurídicas diferentes, sin comprometer la coherencia del sistema tributario.

Si bien las disposiciones aduaneras y las normas que regulan la causación del IVA tienen ámbitos de aplicación distintos, resulta necesario analizar integralmente la operación para determinar si efectivamente se actualizan los hechos imponibles que pretende reconocer la autoridad fiscal.

Recaudación y seguridad jurídica: un equilibrio constitucional

Las consideraciones expuestas por Gustavo Leal Cueva también se refirieron a la necesidad de preservar los principios constitucionales que regulan las contribuciones.

El Artículo 31, Fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la obligación de contribuir al gasto público de manera proporcional y equitativa, conforme a lo que dispongan las leyes.

Desde esta perspectiva, el interés recaudatorio del Estado debe ejercerse dentro de los límites establecidos por el orden jurídico, sin que las posibles consecuencias presupuestarias de una resolución constituyan, por sí mismas, una justificación para validar la exigencia de una contribución.

Al respecto, Leal Cueva expresó: "La protección de la recaudación debe coexistir con el respeto a la actividad empresarial, la seguridad jurídica y la competitividad económica".

El especialista también destacó que la finalidad de la justicia tributaria no puede limitarse a encontrar mecanismos que permitan efectuar el cobro de contribuciones sin comprometer inmediatamente la liquidez de los contribuyentes.

Antes de establecer las condiciones de cumplimiento, debe determinarse si las obligaciones que se pretenden exigir cuentan con fundamento legal suficiente.

Implicaciones para la industria manufacturera

La eventual aprobación del criterio propuesto podría generar consecuencias para las empresas involucradas en procedimientos fiscales pendientes de resolución, así como para aquellas que mantienen estructuras operativas basadas en el retorno virtual de mercancías.

Además del impacto económico de los créditos fiscales, la interpretación que prevalezca podría influir en la planeación de operaciones de comercio exterior, la documentación de las transacciones y la valoración de contingencias fiscales.

Para las empresas IMMEX, será importante revisar las características particulares de sus operaciones, los ejercicios fiscales involucrados, las disposiciones vigentes al momento de realizarse las transacciones y la situación procesal de los créditos fiscales que, en su caso, se encuentren controvertidos.

El análisis debe considerar tanto la determinación de las obligaciones de retención como los efectos del pago del IVA de importación, la procedencia de los acreditamientos y las posibles consecuencias financieras de las operaciones.

Una decisión que trasciende el sector maquilador

La controversia sometida a la Suprema Corte representa una oportunidad para precisar la interpretación de las disposiciones fiscales aplicables a las operaciones virtuales de comercio exterior. Sin embargo, también plantea interrogantes sobre la coherencia del sistema tributario y los límites de la función jurisdiccional.

Las consideraciones expresadas por Leal Cueva en su entrevista para El Norte apuntan a que la solución de una controversia tributaria debe partir de la determinación de la legalidad de las contribuciones reclamadas, y no únicamente de la búsqueda de mecanismos que permitan hacer financieramente viable su recaudación.

La seguridad jurídica de los contribuyentes requiere que las obligaciones fiscales sean determinadas y exigidas conforme a las disposiciones legales aplicables, con respeto a los principios constitucionales que rigen la tributación.

En este contexto, la decisión que adopte la Corte podría tener implicaciones no solamente para las empresas IMMEX, sino también para la certeza de las operaciones de comercio exterior y la confianza de los inversionistas en la estabilidad del marco jurídico mexicano.

Referencia periodística: Alejandra Mendoza, «Doble IVA a plazos no es la solución», El Norte, 10 de noviembre de 2026. Entrevista a Javier Cendejas, presidente de Comce Noreste, y Gustavo Leal Cueva, socio director de Leal Benavides y Cía.

Asunto judicial: Suprema Corte de Justicia de la Nación, contradicción de criterios 8/2025, ponencia de la Ministra Yasmín Esquivel Mossa.