Este país nuestro no se ha acabado no sabemos por qué. Pero es degradante ver que en cada piedra que se levanta hay un nido de problemas que parece que nadie los ha advertido nunca, o que a propósito no se les ha puesto remedio para quién sabe qué finalidades.
Es ya clásico el comentario aquél de que si a México le hubieran regalado el desierto del Sahara ya no habría arena, y si el regalo fuera el Amazonas, ya lo habría hecho leña.
La corriente de liberalización que se comenzó a dar en gobiernos pasados dejó sin control y rectoría muchos aspectos de la relación económica entre empresas de servicio y particulares, dejando a estos a merced del insaciable apetito monetario de dichas entidades mercantiles.
Teniendo a la teoría del libre mercado como un tótem intocable, los gobiernos han permitido que diversos ramos de empresas manejen a su libre antojo aspectos fundamentales que deben ser regulados para protección de los particulares.
Si tocamos, por ejemplo, los bancos, vemos que Internet ha venido a ser una muy buena veta para hacer dinero sin necesidad de ejercer con la amplitud necesaria la función básica de financiar las actividades productivas del país. Las comisiones por todo y por nada son una de las fuentes de ingreso más sencillas y fáciles de explotar por las instituciones de crédito sin prácticamente ningún trabajo y ninguna molestia; es cuestión simplemente de que el sistema haga los cargos programados. Aparte la SHCP les ayuda, pues los contribuyentes deben mantener cuentas bancarias para pagar los impuestos, pero la propia Secretaría no se atreve a regular el monto de las comisiones que se cobran.
Si vemos la telefonía y la luz, una privada y otra pública, los costos de los servicios en México son mucho mayores que en otros países. Le energía eléctrica tiene lustros subiendo muy por encima de la inflación y no hay quien se atreva a controlarla.
En el ramo de seguros, la liberalización que se ha dado en la legislación ha hecho que las compañías de seguros manejen a su libre arbitrio los términos de los contratos que celebran con particulares. Hasta donde sabemos, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas no tiene atribuciones para limitar adecuadamente las decisiones que toman las compañías de seguros en diversos aspectos.
Por ejemplo, en materia de Seguros de Gastos Médicos Mayores:
- Una compañía de seguros puede actuar tan arbitrariamente como esto: Si la inflación anual es del 4% y la compañía decide aumentar el 10%, 15% o 20% anualmente sus primas, lo puede hacer.
- Una compañía de seguros puede variar los términos del contrato unilateralmente. Si, por ejemplo, el coaseguro a cargo del asegurado es del 10% y la compañía desea aumentarlo al 15%, no hay nada que se lo impida.
- Aunque el SGMM es por naturaleza de largo plazo, el concepto que manejan las aseguradoras es que el contrato es anual, y que las condiciones las pueden cambiar sin ninguna taxativa cuando se cumple el período cubierto por la prima.
- Todo esto quiere decir que una compañía de seguros puede variar los términos del contrato en función de sus apetitos económicos, y aumentar el monto de las primas cada año en el monto que decida sin que nadie se lo limite.
- Por consecuencia el asegurado, con aumentos a placer, corre el alto riesgo de quedar desprotegido en cada renovación.
- Las primas anuales pueden resultar en un momento dado, por los aumentos que decidan hacer, impagables para los asegurados, quitándose de esa manera responsabilidades ante clientes siniestrados.
- No hay ninguna autoridad en nuestro país que regule y limite a las compañías de seguros en este aspecto.
- La Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, que es quien regula las actividades de las aseguradoras, no es una instancia a la que puedan acudir los asegurados para recibir protección ante este tipo de medidas que, como hemos visto, pueden llegar a ser desmesuradas. Remiten al usuario a la Condusef o a la vía judicial.
- Un defecto aberrante del sistema de seguros es que no congela las primas a determinada edad, en la que el asegurado necesariamente reduce su nivel de ingresos. Por el contrario, las pueden aumentar en los términos comentados.
Hay un pensamiento dominante en muchas personas en nuestro país: Hay que dejar que las empresas tengan la libertad de actuar y decidir lo que estimen más conveniente; las fuerzas del mercado las regularán.
Pero en muchos casos hay fuerzas superiores a las del mercado que inciden en la marcha de los negocios; consecuentemente, habrá casos en que esa regulación automática, si es que se da, se tarde décadas, con todo lo que ello implica.
Tomando en cuenta que los objetivos de las empresas son precisamente hacer utilidades, es conveniente que se revise urgentemente la regulación existente, se reenfoque y se busque darle mayor protección a los asegurados, que es, aparte de la gallina de los huevos de oro, la parte débil de la ecuación.
La falta de una adecuada regulación, como la que padecemos en materia de seguros, no debe darse en México. Tiene un altísimo costo para la población aspirante o cautiva del sistema, es decir, para el país.
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