Gustavo Leal Benavides

¿Qué opinaría Juárez si viera lo que sus discípulos han hecho de la institución que él presidió antes de ser Presidente de la República y ser declarado Benemérito de las Américas?

México no tiene Suprema Corte de Justicia.

Órgano Intérprete del Derecho del Territorio Mexicano sería un nombre más apropiado para la función que los ministros han elegido darle como directriz, cambiando el destino supremo que lleva en su nombre por uno de rango inferior al de tan alto sino.

Es cierto que la Constitución no señala los objetivos generales que debe perseguir la SCJN, por lo cual parece que los ministros han preferido optar por ceñirse a lo que la letra de la Carta Magna establece y dedicarse a resolver problemas de constitucionalidad de las leyes. Ese es el campo elegido.

Pero bien pudieron entender lo que la comunidad entiende: que al llamarse Suprema Corte de Justicia de la Nación, uno de sus designios fundamentales debe ser impartir, otorgar, dar justicia a los mexicanos.

¿Justicia?
En su portal de Internet la SCJN define cuál es su misión y dice: “Tiene entre sus responsabilidades defender el orden establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; mantener el equilibrio entre los distintos Poderes y ámbitos de gobierno, a través de las resoluciones judiciales que emite; además de solucionar, de manera definitiva, asuntos que son de gran importancia para la sociedad.”

¿Justicia? ¿Justicia para los mexicanos? Solamente se pronuncia tan digna palabra para, en un autoelogio francamente censurable, tratar de destacar su posición en una cima que, lamentablemente para México, está muy lejos de haber alcanzado. Dice: “En esa virtud, y toda vez que imparte justicia en el más alto nivel, es decir, el constitucional, no existe en nuestro país autoridad que se encuentre por encima de ella o recurso legal que pueda ejercerse en contra de sus resoluciones.” Es decir, declaro que soy el súmmum del poder en mi ámbito, no hay otra autoridad por encima de mí, y mis resoluciones, las que sean, buenas o malas, son incontrovertibles e inatacables. Ese sí es poder. ¿O no?

No se puede saber si estas palabras son más inapropiadas que absurdas y cursis, o viceversa. Pero lo cierto es que, por fatuas, se ve que sirven más para llenar con vanagloria y humo la falta de conceptos de valor que la institución debiera aportar en cada acto, en cada palabra, a los mexicanos. Su desacertada declaración está muy lejos de corresponder a una institución republicana como la que por historia representan. 

Gobernabilidad
¿Qué se espera de una Suprema Corte de Justicia? Que imparta justicia. Que reitere diariamente con sus decisiones su autoridad moral para generar la confianza que debe haber entre gobernados e instituciones, entre gobernados y autoridad, entre gobernados y gobernados.

Pero es de todos conocido, señalado y sufrido desde hace decenios que nuestro sistema judicial es, salvo períodos excepcionales, un sistema propio de un estado arbitrario, injusto, selectivo, ineficiente y, de fondo, corrupto.

Desde que se resolvió el asunto del anatocismo (el cobro de intereses sobre intereses) en 1998 o 1999, la declaración que se hizo al resolver los juicios fue que la función de la Corte era interpretar las leyes, lo que equivalió a eliminar públicamente de su ánimo, de su objeto y de sus propósitos el trascendente y profundo tema de la justicia.

Letra de la ley
De esa manera continuaron conduciéndola por un camino más cercano a la letra de la ley y cada vez más lejano de la justicia.

Dada su formación, su origen, su temporalidad, en contraparte con las necesidades sociales en evolución, la letra de la ley difícilmente puede otorgar justicia por sí sola. Pero para eso están los tribunales. Así concibe la población el deber de la SCJN, porque la justicia debe estar siempre por encima de una ley defectuosa o manipulada.

Alejándonos de la liturgia y el ceremonial de los ministros que en sus discursos no se cansan de considerar a las leyes algo sacrosanto y bendito, como si fuera la palabra escrita por Dios, y acercándonos a la triste realidad, nos preguntamos si no todos sabemos la cantidad de leyes erróneas, arbitrarias, retorcidas, sectarias, omisas, ambiguas, aberrantes, y lo que es peor, notoriamente injustas que tenemos. ¿Cómo aferrarse a sólo interpretar estas leyes? ¿Cómo darse por satisfechos con sólo cumplir con la interpretación de las mismas?

Lejanía
Lo ministros gozan de prestigio implícito en su cargo: consideración pública, fama profesional, remuneraciones abundantes. Un ministro gana cerca de 4 millones de pesos al año libres de impuestos, lo que equivale a cerca de 5.5 millones de pesos brutos, amén de todo lo previsible en prestaciones, imaginables e inimaginables, entre las que se incluyen hasta las cosas más nimias, veamos si no: ¡ayuda de anteojos! Así aparece en el portal de la SCJN en Internet.

Todos estos satisfactores de la vida pueden desensibilizar, hacer olvidar y alejarse más cada día de los sufrimientos, necesidades e injusticias a que está sometido el pueblo, quien es el que más necesita de la protección de la ley, de la justicia, de los jueces, de los magistrados, de los ministros. Y el pueblo, finalmente, somos todos.

Si los ministros desean que su organismo funcione sólo como Órgano Intérprete del Derecho del Territorio Mexicano, que en la Reforma del Estado se cree una auténtica Suprema Corte de Justicia de la Nación que tanto le urge al país.

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